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Cuba es uno de los países más envejecidos de la región, alcanzando el 22,3 % de envejecimiento de la población al cierre del 2022, proceso que se produce de manera acelerada, donde el grupo poblacional de mayor crecimiento hacia el futuro son las personas de 60 años y más, con mayor presencia de mujeres en esas edades y un 5% de la población son personas en situación de discapacidad. La necesidad del cuidado crece y se busca hacerla más explícita en el proceso de actualización del modelo económico y social, en términos de un mayor reconocimiento de las estrategias domésticas, vecinales y comunitarias que las personas adoptan, así como legitimar los arreglos y acuerdos entre cuidadores y demandantes de cuidado, amparado legislativamente por normativas constitucionales y resoluciones ministeriales, para contribuir al bienestar de las personas que requieren de cuidados y de las que proveen cuidados; mediante una organización social que involucre a todos los actores, fomentando el autocuidado en la población para mantener la vida, la salud y el bienestar en favor de sí mismos, propiciar que los servicios de cuidados que se brinden contribuyan a satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas mayores o en situación de discapacidad, respetar su autodeterminación, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover su integración, inclusión, participación social.

Keywords (separate with commas)

envejecimiento, cuidado, autocuidado.

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La pesca sostenible es una necesidad cada vez más acuciante por la creciente sensibilización ambiental de la sociedad occidental y, sobre todo, por la cada vez más alarmante falta de recursos pesqueros. Con el objetivo de reforzar la biodiversidad marina y la sostenibilidad económica pesquera se están aprobando normativas que, si bien afectan a todos los caladeros, por su importancia, especialmente alcanzan al Mediterráneo, gran afectado por milenios de actividad humana. Es necesario, por tanto, tanto, una revisión de los instrumentos administrativos de control existentes de los que disponen los poderes públicos, como, el refuerzo de la intervención pública mediante el trabajo social a fin de analizar la situación de la pesca mediterránea, sus afectaciones ambientales y económicas y las posibilidades reales de un control eficaz y, ante todo, el impacto social real en las personas que actúan en el sector pesquero, a menudo en situación muy precaria, y, sin duda, en el conjunto de la población, para la cual es un medio de alimento y subsistencia.Las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura son determinantes para los países en desarrollo por multiplicidad razones. La pesca es una fuente importante de nutrición, seguridad alimentaria, empleo y riqueza para estos países que exportan estos productos a los países desarrollados, en particular, a la Unión Europea. Al sector pesquero le corresponde desempeñar un papel considerable en la lucha contra la pobreza, objetivo principal de varias políticas públicas europeas: desarrollo, comercio, etc. La Unión debe garantizar la coherencia entre las actividades relacionadas con la pesca en todos los ámbitos y, en particular, con las políticas sociales y de desarrollo, no sólo ad intra, sino, sobre todo ad extra. En todo ello, el rol de trabajo social es imprescindible para la promoción de la dignidad y el desarrollo de las personas.

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Pobreza, precarización, extranjería, políticas de desarrollo, pesca sostenible, medio ambiente marino, intervención social, trabajo social

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La normativa familiar en Bolivia es sumamente atrayente no solo por su visión de pluralidad a la hora de caracterizar los hogares, sino por sus objetivos de equidad de género, corresponsabilidades generacionales y los derechos sociales de última generación que anuncia.Empero, la realidad conspira contra esos propósitos, porque el país desde hace siglos vive bajo un modelo extractivista con diferencias solo de grado, pero siempre fiel a un estilo de capitalismo salvaje, de ahí que permanentemente está asolada por la anomía y casi su única fortaleza es la enorme vocación de trabajo de su población que para su reproducción social se acoge a la informalidad de más del 80% de su PEA, entre la que oficialmente figuran \ incluso niños/as de 10 años.Pero no es la visión que se exporta hacia fuera -el país, justamente por la ampulosidad de sus leyes sociales y la propaganda gubernamental en cuanto foro internacional asiste- aparece como si contara con un Estado de Bienestar, cuando en el mejor de los casos lo que existe son algunos subsidios de amplia cobertura pero poco impacto, que se explotan como si fueran programas de seguridad social, y donde el Trabajo Social apenas aparece.En la ponencia, se denunciará esta situación pero sobre todo se mostrará una distribución social de los hogares bolivianos, que evidencian palmariamente que leyes sin base material y de compromiso social y político, ocasionan efectos de los más perversos como el crecimiento desmesurado de feminicidios, abandono infantil y otras lacras sociales, que se naturalizan en un medio traspasado por la corrupción, narcotráfico, contrabando y la explotación más salvaje de la naturaleza, con productos apenas sucedáneos de bienestar, dinero que en la circulación permite la ilusión de crecimiento económico, y en lo que interesa para este tema, de sus efectos sobre las familias bolivianas.\ 

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Familias, leyes sociales, capitalismo salvaje, trabajo informal, Asistencia y Bienestar.

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Este trabajo divulga los resultados de una investigación con estudiantes de ciencias sociales y Educación de las universidades Católica Silva Henríquez y Academia de Humanismo Cristiano, cuyo foco es la política de gratuidad en la educación superior chilena y su efectividad para garantizar el derecho a la educación de jóvenes vulnerables. El análisis se sitúa en el contexto de los cambios experimentados por la educación superior luego de la privatización y masificación del sistema en dictadura militar y de las crecientes demandas del movimiento estudiantil por un modelo universalista fundado en derechos. La investigación profundizó en la interacción entre las condiciones de vulnerabilidad de los/as estudiantes y la ejecución de esta política pública, tensionando su tránsito por la universidad. Las conclusiones son inquietantes, pues reflejan delicadas insuficiencias y omisiones en los resultados parciales alcanzados por la política de gratuidad.

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Educación superior; gratuidad; jóvenes vulnerables; derecho a la educación.